El Concurso de Acreedores en España

Guru Huky | 1 de Enero de 2013 | (10)

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tasa concursos acreedores

El Banco de España publicaba, recientemente, un interesante análisis sobre la situación de los Concursos de Acreedores en España, (Ver: Uso del Concurso de Acreedores en España en pdf). Extraemos y comentamos algunos de los fragmentos del análisis.

Empezamos con el que podríamos denominar el “brote verde” del día. El gráfico muestra claramente que la crisis económica iniciada en nuestro país a finales del 2007 ha provocado un incremento paulatino de la tasa de empresas que han entrado en concurso de acreedores. Sin embargo el dato en si deja alguna que otra sorpresa.

¿Qué es el concurso de Acreedores?

Por si hay aún algún despistado, empecemos explicando que es un concurso de acreedores. El concurso de acreedores es un procedimiento legal que tiene como objetivo reconducir  una situación de insolvencia de una empresa bien a través de un convenio (acuerdo) entre los  acreedores y la empresa deudora o bien mediante la liquidación de esta.

En el primer caso se fomenta un acuerdo entre las dos partes de tal forma que los acreedores recuperen la
máxima proporción de crédito posible y la compañía continúe operando.

En la liquidación,  por el contrario, esta termina sus actividades y su patrimonio es dividido entre los prestamistas.

El concurso de acreedores puede ser utilizado tanto por empresas que han suspendido  pagos como por aquellas que, aun estando al corriente en sus obligaciones con sus  acreedores, anticipan que su incapacidad para hacer frente a sus pagos es inminente.

La solicitud de concurso puede ser realizada por cualquiera de los acreedores o por la  propia compañía deudora, que de hecho está obligada a presentarla en un plazo de  dos meses desde que está en una situación de insolvencia y especial atención, En caso de no hacerlo, se  presumirá culpa por parte de los gerentes y o administradores  de la empresa, lo cual puede acarrear importantes sanciones, incluso contra su patrimonio personal. Este punto muchos empresarios no lo tienen aún presente, sino que se lo pregunten a los Ruiz Mateos o a Diaz Ferrán, si hubieran presentado concurso de acreedores de sus empresas cuando debían nadie podría ir ni contra su patrimonio personal ni pedirles responsabilidades.

El grado de autonomía de la empresa concursada es distinto según quien solicite el concurso. Si es la propia compañía (concurso voluntario), esta continúa gestionando su patrimonio y su actividad comercial, si bien sus operaciones son supervisadas por el administrador judicial. Si es solicitado por los acreedores (concurso necesario), los directivos son relevados de sus funciones y la gestión de la empresa es llevada a cabo por el administrador. Actualmente, el 94 % de los concursos son voluntarios.

¿Que pasa una vez solicitado el concurso?

El procedimiento puede terminar en un convenio entre el deudor y los acreedores, lo que implica la supervivencia de la empresa, o bien en la liquidación de esta.

En el primer caso, se pacta una quita y una espera, es decir, una reducción en el nominal de la deuda y un calendario de pagos. El convenio puede ser propuesto tanto por el deudor como por los acreedores, aunque en la práctica es casi siempre el primero el que lo hace.

En caso de liquidación se paga a los acreedores mediante la venta de los activos de acuerdo con el orden de prelación establecido en la Ley Concursal. La liquidación únicamente puede ser propuesta por el deudor o, en caso de que no se alcance un convenio, por parte del administrador concursal.

Durante todo el procedimiento concursal existe una suspensión automática de todos los créditos no garantizados, es decir, no se puede iniciar ninguna acción legal encaminada al cobro de dichas deudas. Los acreedores con garantía real sobre activos integrados en el proceso productivo del deudor también se ven afectados por la suspensión, por lo que no pueden llevar a cabo la ejecución o realización forzosa de la garantía hasta que se apruebe un convenio cuyo contenido no afecte al ejercicio de este derecho o trascurra un año desde la declaración de concurso sin que se hubiera producido la apertura de la liquidación. Asimismo, durante todo este período queda suspendido el devengo de intereses, salvo en el caso de los créditos con garantía real y los créditos salariales.

En España en la práctica la gran mayoría de las compañías concursadas acaban siendo liquidadas. En España, entre 2004 y 2008, el 95% de las empresas que entraron en concurso acabaron siendo liquidadas, lo que nos da una idea bastante clara, que los empresarios (entre otras casusas) no están sabiendo utilizar la herramienta del concurso de acreedores, y este sólo se presenta en casos absolutamente desesperados más próximos a la liquidación de la empresa que no al momento cuando esta empieza a entrar en dificultades.

Uso del Concurso de Acreedores en España

Quizás aquí es donde llegan las sorpesas. El uso de los concursos de acreedores por parte de las empresas españolas es muy escaso en comparación con el de la mayoría de economías desarrolladas. Aunque durante la crisis económica ha aumentado significativamente, la tasa de concursos (ratio entre concursos y número de compañías) sigue estando muy por debajo de la que se observa en otros países desarrollados. Así, por ejemplo, mientras que en España hubo en 2010 alrededor de 15 concursos por cada 10.000 empresas, en Japón hubo 88; en Alemania, 89; en Estados Unidos, 98; en el Reino Unido, 137, y en Francia, 217.

 

concursos acreedores tamaño empresa

 

El menor uso del concurso de acreedores en España sugiere que en nuestro país una mayor proporción de las situaciones de insolvencia son resueltas mediante mecanismos alternativos.

Las dos principales alternativas son las renegociaciones privadas entre deudor y acreedores y la ejecución hipotecaria de los bienes de la empresa (en el caso de los préstamos con garantía hipotecaria).

En una renegociación privada los principales acreedores de la empresa insolvente actúan de una manera coordinada para, o bien reestructurar la deuda —de tal forma que la empresa tiene la oportunidad de mantenerse activa—, o bien liquidarla de manera ordenada.
Las principales ventajas de esta opción respecto al concurso de acreedores son el ahorro de los costes del proceso (sueldos de abogados, procuradores, administradores concur-sales, jueces, etc.), y evitar la posible publicidad adversa. A pesar de ello, las renegociaciones privadas pueden ser inviables debido a problemas de coordinación entre los diversos acreedores y de información asimétrica entre estos y la compañía deudora, y además puede tener repercusiones jurídicas en los administradores de las compañías.

La incidencia de las renegociaciones privadas tiende a ser mucho más alta en las sociedades con pocos acreedores y con estructuras de capital sencillas

Mediante las ejecuciones hipotecarias los acreedores pueden solicitar al juzgado competente la venta forzosa de la garantía del préstamo mediante subasta pública para recuperar —al menos parcialmente— el importe prestado. La garantía de un contrato hipotecario es un activo real (suelo, inmuebles y aquella maquinaria que se encuentre dentro de estos inmuebles).

Un procedimiento relacionado, pero completamente privado, es la dación en pago, en la que el acreedor obtiene la posesión de la propiedad con el consentimiento del prestatario a cambio de la cancelación de la deuda pendiente.

Las tasas concursales en España son especialmente bajas en el caso de microempresas y autónomos. Las empresas pequeñas con problemas de insolvencia tienen, tanto en España como en otros países, mayores incentivos a usar las renegociaciones privadas en vez de solicitar concurso de acreedores por varios motivos. Por un lado, una parte importante de los costes del concurso son fijos (pago de abogados, administradores concursales, etc.), por lo que el procedimiento concursal resulta mucho más gravoso para compañías de tamaño reducido. Por otro lado, los acuerdos privados tienen mayor probabilidad de prosperar para este tipo de compañías, pues suelen tener pocos acreedores y estructuras de capital sencillas.

El Fresh Start

Además de los factores anteriores, que en principio afectan por igual a España y a otras economías, existe otro elemento que podría desincentivar los concursos voluntarios de las empresas con responsabilidad ilimitada en nuestro país. A diferencia de los sistemas concursales para personas físicas de otros estados tales como Estados Unidos, Francia, el Reino Unido o Alemania, el sistema concursal español no permite la liberación del pasivo pendiente al deudor insolvente fresh start.

El fresh start consiste en cancelar las deudas que no han podido ser liquidadas durante el concurso, ya sea inmediatamente tras la conclusión o tras un período en el que el deudor ha de satisfacer los pagos acordados.

Esta provisión no solo se aplica a hogares, sino también a personas físicas con actividad empresarial, tales como autónomos, dueños de empresas con responsabilidad ilimitada y sociedades pequeñas con responsabilidad limitada cuyos socios tuvieron que ofrecer ga-rantías personales para obtener el crédito. La inexistencia de este procedimiento reduce los incentivos a solicitar concurso por parte del deudor individual y por parte de este tipo de compañías. Este factor podría explicar, al menos en parte, la baja la tasa de concursos de microempresas. Así, por ejemplo, en Francia dicho indicador se situaba, en 2006, en 208
(por cada 10.000 empresas) para las microempresas y en 139 para los autónomos, frente a apenas 1,5 y 0,1 en España

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