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Las hipotecas, la Justicia y el Derecho

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El Auto dictado, en fecha 17 de diciembre de 2010, por la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Navarra ha generado, como no podía ser de otra manera, muchos comentarios, discusiones y debates familiares de sobremesa; algunos más ajustados a Derecho y otros más cercanos a la idea de Justicia que cada uno pueda tener.

La resolución del tribunal entiende que el deudor hipotecado puede saldar la deuda con el banco mediante la entrega del inmueble que garantizaba la misma, aún cuando el valor del mismo no cubra el total importe adeudado a la entidad bancaria.

Está claro que el debate que aflora el referido Auto es, cuando menos, enriquecedor para la sociedad pues pone encima de la mesa una serie de cuestiones que, quizás, sí deban ser oídas y atendidas por los poderes públicos.

Antes de tratar de hacer una valoración personal sobre la referida decisión, consideramos oportuno definir, siquiera brevemente, los conceptos que dan título al presente artículo.
La comúnmente conocida como hipoteca es un derecho real de garantía. Así, en primer lugar, se configura como un derecho que recae sobre un bien inmueble y que se constituye para garantizar el cumplimiento de una obligación principal, en el caso que nos ocupa, la devolución de un dinero prestado.
En este sentido, es importante entender que cuando acudimos al banco lo que estamos haciendo es suscribir un contrato de préstamo y, por tanto, la obligación que estamos asumiendo es la de devolver el dinero prestado junto con los intereses que se generen. Adicionalmente a esto, aunque se haga conjuntamente, lo que se hace es otorgar al acreedor (el banco) un derecho sobre el inmueble para garantizar el pago del dinero prestado.

La Justicia es, según establece el diccionario de la Real Academia Española en su primera acepción, una de las cuatro virtudes cardinales, que inclina a dar a cada uno lo que le corresponde o pertenece. Esa justicia se administra, según dice nuestra Constitución, por Jueces y Magistrados independientes, inamovibles, responsables y únicamente sometidos a las leyes.

El Derecho debemos definirlo como un conjunto de normas, expresivos de una idea de Justicia, que regulan las relaciones humanas en toda sociedad.

Por tanto, son los Jueces los encargados de administrar Justicia. Sin embargo, su juicio no puede ser discrecional y debe estar sometido a las leyes (Derecho).
El Auto que es objeto de comentario es problemático por cuanto resulta contrario a Derecho. Así, el Tribunal exime al deudor de cumplir con la obligación principal (devolución del dinero prestado y los intereses) basándose, para ello, en argumentos más propios de una suerte de justicia distributiva, ya que lo que justifica o sostiene la fundamentación es la culpa que tienen todos los que integran el sistema financiero de la crisis económica que actualmente sufrimos.

Un razonamiento lógico nos permitiría afirmar de forma inmediata que la resolución es injusta. Si el Derecho es un conjunto de normas que expresan una idea de Justicia y la resolución es contraria a Derecho; ésta es, por tanto, injusta.

Pero, ¿es así? Como jurista considero que la solución no se ajusta a Derecho; sin embargo, como ciudadano comparto los argumentos que utiliza el tribunal, además de muchos otros esgrimidos por familiares y amigos en las anteriormente referidas sobremesas.

No obstante lo dicho, es importante que los Jueces estén sometidos a las leyes pues en ello se fundamenta el principio de seguridad jurídica, entendido éste como la seguridad que el ciudadano tiene al conocer, o poder conocer, el derecho y saber lo que está prohibido, mandado y permitido por los poderes públicos.

El Tribunal se apoya en el artículo 3.1 del Código Civil, artículo que establece los criterios interpretativos de las normas jurídicas, para motivar jurídicamente la conclusión que alcanza. Así, el tribunal se ampara en que las normas deben interpretarse en función de la realidad del tiempo en que han de ser aplicadas y atendiendo fundamentalmente al espíritu y finalidad de aquellas” lo que le obliga a realizar la reflexión que desarrolla y a concluir como indicábamos al inicio del artículo. Lo que el tribunal no dice es que el mismo precepto prohíbe que las resoluciones de los tribunales descansen exclusivamente en la equidad, entendida ésta como justicia natural, salvo que la ley expresamente lo permita.

En opinión del que suscribe, la resolución se apoya en la equidad y no en el Derecho. No debemos olvidar que la obligación principal del deudor es devolver el total dinero recibido más los correspondientes intereses; salvo que se hubiera optado por constituir una hipoteca de responsabilidad limitada, esto es, aquella en la que la responsabilidad del deudor queda limitada al importe de los bienes hipotecados sin alcanzar otros bienes del deudor.

Tras lo anteriormente apuntado, llega el momento de posicionarse. En este sentido, quien suscribe se posiciona en contra de la resolución objeto de comentario y no porque la considere injusta sino porque entiende que admitir enjuiciamientos de este tipo, además de quebrantar de forma grave el principio de seguridad jurídica, otorgarían una discrecionalidad al juez a la hora de ejercer su función peligrosa para todos. El artículo 3.1 del Código Civil no puede constituir una puerta que permita al juzgador, en función de su idea de Justicia, dejar de aplicar normas que resulten de aplicación al caso que le toca enjuiciar. Los Jueces deben ser independientes pero deben estar sometidos a las leyes.

A mayor abundamiento y para acabar de liar todo esto un poco más, debe destacarse que recientemente (28 de enero de 2011) la misma Audiencia Provincial de Navarra, eso sí la Sección Tercera, ha dictado un Auto en sentido contrario al comentado en este artículo. En dicha resolución, el tribunal entiende que el banco podrá, tras la entrega del inmueble y siempre que éste no cubra el total del importe adeudado, reclamar el importe que resta pendiente para el pago total de la deuda. Todo ello, como manifestación clara del principio universal de responsabilidad que establece que el deudor responde del cumplimiento de sus obligaciones con todos sus bienes presentes y futuros.

La polémica resolución aflora una serie de cuestiones relacionadas con el derecho a una vivienda digna que establece nuestra constitución y la necesidad de que el disfrute de la misma deba ser a título de propietario. Quizás, como bien advierte una prestigiosa profesora, debiéramos aprender algo de nuestros vecinos europeos.



Conversación

15 comentarios

  1.    Responder

    mi modesta opinion es que las leyes siempre han sido pensadas y legisladas para proteger al poderoso los jueces solo aplican la ley el contenido de lo legislado DEJEMOS AL JUEZ al margen pero quien a escrito esa ley hipotecaria y esas leyes de enjuiciamiento civil o penal pero por debitos debemos saber ya que una deuda se puede triplicar por obra y gracia de una sentencia y yo pregunto que es la justicia

  2.    Responder

    Muy de acuerdo con el comentario de Luisa. Se ha comprobado en estos ultimos años la clara,plena y absoluta sin razon del mercado immobiliario y hipotecario…..lo que condujo al gran negocio del siglo,principalmente para las finacieras. Un contrato hopotecario si pero con un sin fin de lagunas interesadas y entrelasadas con el fin de mejorar sin duda los intereses del prestamista ( la financiera
    de forma abisivas y como minimo no siempre ortodoxas.
    Yo pienso y defiendo que si un contrato vulnera derechos constitucionales, provenga de donde provenga sea x hipoteca o cualquier otro privado, afectando a millones de cuidadanos o simplemente a una sola persona……entiendo que este debe declararse judicialmente inoperante declarando la parte responsable y obligandola a subsanar los defectos de este pretendido contrato hipotecario.

  3.    Responder

    Excelente artículo.
    En cuanto a las consideraciones, sólo añadir dos argumentos más (sirvan sólo para completar el abanico), ambos fundamentales: la AUTONOMIA PRIVADA, principio fundamental que rige en nuestro sistema de jurídico y económico y que viene a decir que todos los ciudadanos somos LIBRES de celebrar los negocios jurídicos que nos plazcan (siempre que no sean ilegales) y que, como consecuencia natural, somos RESPONSABLES de los negocios celebrados, es decir, que nos tenemos que hacer cargo de nuestros actos. Esta, idea, aplicada al ámbito concreto de los contratos, se traduce en una máxima clásica del derecho, procedente de la antigua Roma: "PACTA SUNT SERVANDA" – los contratos deben de ser cumplidos.

    1.    Responder

      Si existen leyes que exoneran o inhiben a aquellos que no están en sus plenas facultades ,y si se puede interpretar que existía y existe un enorme desconocimiento del contenido de los contratos hipotecarios ( Recordemos que no ayudaban mucho las entidades con los reversos repletos de condiciones escritas en arial 2 ). Solución, primera e única vivienda hipotecada que no puede hacer frente la unidad familiar, para el banco Uno debe cumplir los contratos pero estos deben de ser claros para las dos partes.

  4.    Responder

    Me parece muy realista el Blog. Creo que se ha tratado el articulo desde un punto de vista legal sin intereses partidistas hacia ningun lado. Comparto plenamente la opinión del mismo.
    Otro tema al margen son las situaciones personales de cada familia, pero no deberian estar vinculadas a una legalidad vigente.
    Cuando uno compraba un piso y a los tres meses lo vendia un 15% más caro ¡Nadie acusaba a nadie y todo era maravilloso! En ese instante habria que haber pensado que eso era inaguantable, pero como se ganaba dinero…..

    1.    Responder

      Muchisíma gente de a pie sólo ha comprado su vivienda para vivir en ella, no para especular. Puedo aceptar que una entidad financiera te embargue la casa y que no quede saldada totalmente tu deuda. Pero, no me parece correcto que se te queden el piso por el 50% del valor de tasación. Eso sólo es un abuso. El bien que entregas tiene un valor de tasación a fecha del embargo, pues ese debe ser el importe de prestamo que estás devolviendo. Restalé el importe que considere el juez para posibles gastos, pero ni un euro más. El banco cuando te da el prestamo se cobra un interés y debería asumir un riesgo como en cualquier otra activida empresarial. Si fuese así las entidades financieras habrían sido mucho más prudentes y no hubiesemos tenido una burbuja inmobiliaria tan descomunal.

  5.    Responder

    Bueno, también en otros casos no hacia ni falta que el comercial del banco asegurara nada. También habia gente que hipotecaba una segunda casa o una tercera para pasar el veranin o para venderla en 6 meses, o pq en vez de una de 80 queria la de 120, o pq aqui todo el mundo se forraba con la cadena de compraventa de viviendas y tonto el ultimo. Y si no se le daba el credito, los del banco eran unos sirvenguenzas.
    Asi es España, la culpa, del otro…

    1.    Responder

      Tampoco te falta razón. 🙁

  6.    Responder

    Digamos que tengo 200.000 €. Pido prestados otros 200.000 para una casa y que pasados unos años noblotes hacer gente a la letra. Digamos también que la casa no portear valor. El banco se queda condal casa. Me darían los 200.000?

  7.    Responder

    No es justo que la parte más débil asuma todo el riesgo de una bajada en el precio de la vivienda (que los mismos comerciales del banco aseguraron a los clientes que jamás se produciría, asesorando/embaucando con malas artes al cliente, incitándole a asumir un endeudamiento excesivo sobre una propiedad sobrevaluada, pero sobre este fraude los jueces no dicen nada).

    Luego, lo que digan las leyes y opinen los jueces, me la trae al pairo. Las leyes son escritas al dictado de los intereses de los poderosos, y los jueces suelen defender por lo general (este caso es excepción en un mar de sentencias) sus intereses de clase. Cualquier relación de ese circo de togas con la Justicia es fantasía.

    Por cierto, por si alguien no conoce el caso de José Luis Burgos.

  8.    Responder

    Las crecientes desigualdades sociales: http://viaincognita.blogspot.com/2011/02/la-gesta


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