Por supuesto continuamos con la cruda crisis económica en España y no vemos ni  brotes verdes, ni siquiera luz al final de túnel, que es lo peor.

El gobierno, en un intento de parecer honrados, dio una rueda de prensa con la ausencia de Rajoy, faltaría más, para comunicar a los españoles lo que ya sabemos: que la economía irá peor de lo que ellos intentan transmitir. No había pasado ni 45 horas y Bruselas echa por tierra estos negativos datos, y los empeora: acabaremos 2013 con una tasa de desempleo del 27% y una caída del PIB del 1,5%.

Mientras, empezamos a hablar desde distintos frentes en la imposibilidad de mantener un Estado de las Autonomías súper-atrofiado con unos costes políticos que nuestra economía no puede soportar más.

Con un déficit público superior al 10%, incluidas las ayudas a la banca en 2012 (lógicamente,  procedentes de nuestros impuestos), lo que, suponiendo una recaudación fiscal del 37% del PIB y éste algo superior a 1 billón de euros, nos lleva a la conclusión que nuestro Estado de las Autonomías gastó aproximadamente un 27% más de lo que ingresó. Y todo ello con unos recortes sangrantes en sanidad y educación, pilares por cierto del crecimiento futuro.

Para este año, las autonomías se están peleando a ver a quién se les permite tener un déficit mayor, como si eso fuera algo positivo para los ciudadanos, y el Gobierno negocia con Bruselas que nos permita un 6% de déficit sobre el PIB, lo que, suponiendo una caída del 1,5% del PIB y unos ingresos fiscales similares a los del 2012 (lo que en mi opinión, no deja de ser optimista), representaría un 16% de gastos superiores a los ingresos. Por supuesto no podemos perder de vista que el déficit se acumula año tras año, que los intereses devengados crecen, que estamos a expensas de la confianza que transmitamos a quiénes nos prestan su dinero y que, por tanto, los intereses pueden crecer. Y todo ello utilizando sin rubor el dinero de las generaciones futuras.

Los expertos ya empiezan a ofrecer información de los costes políticos que pagamos con nuestros impuestos y de cómo habría que desmontar un “ya insoportable” Estado autonómico.

No se trata de que tengamos un número de funcionarios elevado, incluso algo menor que la media europea, sino de un sinfín de organismos creados con la finalidad última de satisfacer el clientelismo político, introduciendo a personajes desempleados de los partidos, familiares y amiguetes en empresas creadas ex-profeso para esa finalidad. Ninguno de esos organismos tienen beneficios, que se sepa. Y ese déficit, claro está, lo pagamos todos los españoles con nuestros impuestos. Y sin que nadie nos haya pedido permiso.

Se supone que pagamos impuestos para la mejoría de las condiciones de los ciudadanos en general, no para el de las “clases extractivas”, como bien explicó César Molina, personajes que pululan alrededor de los partidos y que nos ha conducido a esta situación insoportable para nuestra economía.

De forma generalizada a nivel nacional, se van eliminando tareas a los funcionarios, aprovechando para suprimir muchos puestos, y se van traspasando a organismos y empresas públicas creadas al efecto, para tener la libertad de colocar a los amiguetes y familiares desempleados. Una estrategia que no es controlable por los sindicatos, como sí ocurre con las incorporaciones de funcionarios a través de las pruebas pertinentes.

Eliminamos la transparencia en las oposiciones por un sistema basado en la creación de empresas para que los políticos en el poder puedan colocar a sus amigos y parientes.

Un sistema que nos lleva a ningún sitio. Debemos elegir, o Estado del Bienestar o Estado de las Autonomías. Las dos cosas al mismo tiempo no es posible.

Foto de Manuel Caraballo

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Hay una viñeta circulando por la red desde hace tiempo donde se ve a Rajoy en una mesa con dos montañas de papeles. En una de las montañas dice “problemas pendientes de resolver” y en la otra pone “problemas resueltos por el tiempo”.

Se trata de un chiste muy ocurrente que nos hace mucha gracia, si no fuera porque la inacción del gobierno es creador de desempleo masivo.

En un artículo reciente de Raghuram Rajan, catedrático de finanzas de la Universidad de Chicago Booth School of Business y ex-economista del FMI y actualmente asesor de economía del Gobierno de India, “The public and its problems” en Project Syndicate, alerta sobre la falta de acción de los gobiernos europeos en general y destaca que puede ser por tres motivos:

• La incapacidad intelectual de los dirigentes políticos que les impide ver la gravedad de la situación económica.
• Horizontes electorales cortoplacistas de éstos que les impiden tomar medidas a largo.
• Inexistencia de un mandato del ciudadano para resolver los graves problemas económicos.

Descarta los dos primeros en una actitud un tanto alegre, pero lo más llamativo es el tercero de los argumentos, en el que se centra.

Dentro de esta explicación, hay que diferenciar entre:

• El público (o sea, los votantes) no son conscientes de la gravedad del problema y por tanto, no desean que sus dirigentes emprendan medidas que supongan elevados costes en términos de impuestos. Por eso no presionan a éstos para que tomen esas medidas.
• Imposibilidad de valorar el coste de la inacción, hasta el punto que sólo el público está convencido de que la acción es imprescindible justo en el momento en el que se ve de forma aplastante con el problema.

Salvando las distintas, por supuesto, este brillante economista pone el ejemplo de que las advertencias de Winston Churchill sobre el discurso nazi quedó en “saco roto”, incluso después de la invasión de Checoslovaquia y sólo un año después se vio el verdadero problema con la invasión de Polonia, no actuando sin embargo hasta que invadieron Francia y el Reino Unido se encontraba solo. Recordar que la potencia mundial de la época era Gran Bretaña y no Estados Unidos, que se encontraba en plena depresión de los años 30.

Centrándonos en la tercera explicación, los costes del sector financiero son difíciles de abordar, no solo por los expertos en la materia, sino por la clase dirigente y los votantes sobre los que se sustenta. Es mucho más evidente que el público vea los daños en la economía y el empleo cuando la pequeña empresa de la esquina cierra, que cuando la economía pierde capacidad de financiación como consecuencia de que un banco entre en suspensión de pagos. Es más, por culpa de nuestra tradicional “idiosincracia”, una buena parte de los electores españoles se alegrarían de tal circunstancia. Ése es otro tema.

Los políticos sólo recibirán el mandato efectivo de los electores en el terreno financiero cuando se vean claros los costes de la inacción. Y eso es algo realmente complicado, máxime en un país donde el público no suele tener suficientes conocimientos financieros, ni de cómo funciona en realidad la economía. Sólo hay que echar un vistazo a la prensa y a las noticias de la televisión para ver en qué entretienen los medios al público y qué argumentos ofrecen para defender tal o cual postura. La comparación con prensa y medios televisivos en otros países, como Alemania, es abrumadora. Cualquiera puede acceder a esos medios a través de internet y hacer la comparativa. Y gratis.

Podemos concluir que una buena parte de la culpa de la acción de los gobiernos europeos y más concretamente el del Sr. Rajoy es de los electores, según todas estas argumentaciones, y es cierto. Pero me temo que a las dos primeras explicaciones, al menos en el caso español, se le ha dado un papel minusvalorado. En nuestro caso, la capacidad intelectual de nuestros líderes políticos, sus conocimientos en materia económica y el cortoplacismo en el que actúan, acentuado por la convocatoria de elecciones de todo tipo casi cada año, sí actúan como elementos que bloquean la toma de decisiones para empezar a ver el final de la crisis.

Para ser justos, y a modo de muestra, nuestro Ministro de Economía está estudiando un cambio normativo que facilite a las empresas acceder a financiación en los mercados al margen del sector bancario, ya que las ayudas públicas a éste, como era de esperar por todos (excepto por el gobierno, por lo visto), no han producido un incremento de la facilidad de crédito, sino que rápidamente se convirtió en una fuente para resolver sus acuciantes problemas de solvencia.

Podríamos argumentar que el público es cada vez más consciente de que este factor sí es relevante en la profundización de nuestra particular crisis económica y por eso el gobierno estima que su acción no va a ser rechazada por los contribuyentes. Es posible.

Imagen de Manuel Caraballo

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Fuerte discusión en Estados Unidos en relación a los recortes presupuestarios a los que los principales partidos se han comprometido para este año y hasta al menos el año 2021. Concretamente el recorte se sitúan en unos 85 mil millones de dólares cada año.

El recorte afecta a prácticamente todas las funciones importantes desarrolladas por el gobierno (seguridad nacional, investigación básica, educación, ayuda al exterior,…). Dichos recortes, junto con la anunciada subida de los tipos impositivos restarían alrededor de 1,25 puntos porcentuales del crecimiento del PIB para 2013.

En un país que actualmente tiene a un 15% de su población en la franja de pobreza y una tasa de desempleo que ronda el 8% (situación que ya querríamos para nosotros), superior a la tasa media de los últimos 30 años, supondría un empeoramiento de las condiciones de vida a la que los ciudadanos están acostumbrados.

La cuestión aquí se centra en debatir sobre “más gobierno o menos gobierno”. La diferencia política clásica. Pero por otro lado nos encontramos con que a mayor crecimiento del papel del Estado en la economía, menor papel jugará la economía privada, y todo ello por el llamado efecto “crowding out” que los economistas conocemos a la perfección.

Se trata del desplazamiento que sufre la inversión privada debido a la reducción en la disponibilidad financiera y/o reducción de la demanda agregada, como consecuencia de la desviación de los recursos económicos hacia la deuda o gastos de los gobiernos. La idea es muy simple: si los gobiernos recaudan más dinero vía impuestos, los ciudadanos deberán reducir su consumo, y si incrementan los recursos financieros para sus gastos, las empresas dispondrán de menos recursos para sus inversiones, debiendo competir en el mercado financiero a unos tipos de interés superiores. Ese incremento de costes hará que la inversión se reduzca al mismo tiempo que se incrementa la tasa de desempleo.

Sobre ese efecto, hay diversas situaciones límite dependiendo de la pendiente de la curva LM, pero a efectos de interpretación, la idea básica es que a mayor intervención de los gobiernos, mayores costes financieros y mayor desempleo.

Por supuesto, se trata de un fenómeno que afecta a toda la economía en general y en España no íbamos a ser diferentes por una sola vez.

A todo esto hay que añadir que por cada nuevo empleo que se crea por la administración pública, se dejan de crear unos 2,8 puestos de trabajo en el sector privado según todos los estudios, al menos en los países más desarrollados.

Para el caso de Estados Unidos, se estima que dicha reducción del presupuesto conlleva la pérdida de al menos un millón de puestos de trabajo, cada año, mientras duren estos ajustes.

Lo peor de todo según un importante número de economistas es que las restricciones presupuestarías (o durante los últimos años, las limitaciones en la expansión del déficit público) están haciendo que la demanda agregada sea muy inferior a la potencial, lo que conlleva que se esté desperdiciando un porcentaje de capacidad productiva importante. El PIB real en 2008-2009 cayó un 8% con respecto a su potencial y se ha mantenido entorno a ese porcentaje respecto a su potencial  desde entonces.

El problema de esta situación es que cuando más tiempo dure, más tiempo tomará recuperar el terreno perdido. Motivado por esta preocupación la Reserva Federal ha mantenido los tipos prácticamente a cero durante todo este tiempo, aunque sin resultados positivos relevantes.

Pero, y son las cuestiones de siempre, ¿es sostenible un modelo económico donde el Estado fagocita la economía productiva? ¿Es viable un crecimiento económico con endeudamiento indefinido? ¿Hasta dónde comprarán deuda los inversores sabiendo que la Reserva Federal ha estado comprando bonos a largo plazo por alrededor de un billón de dólares cada año?

Los partidarios del mayor papel del Estado en la economía destacan que la deuda es controlable y que una restricción presupuestaria lo único que va a conseguir es empeorar la situación. La lógica nos indica que una expansión infinita no es posible.

Por otro lado, las prometidas reformas financieras, no sólo no se han llevado a la práctica, sino que unos de los peligros de nuestra economía, el “too big to fail”, se ha incrementado en los últimos años al ritmo del crecimiento de los grandes bancos.

Mientras todo esto ocurre en la aún primera economía mundial, y aunque nuestra economía tiene exactamente las mismas reglas del juego, en España estamos entretenidos con nuestros bochornosos casos de corrupción política, y los pobres debates televisados de nuestra deficiente y poco preparada clase política, interesada exclusivamente en mantener su estatus.

Las últimas noticias que llegan desde Italia y sus repercusiones directas en la apreciación de los mercados financieros sobre la situación económica a nivel europeo, y más concretamente en los países de la periferia, sólo incrementan la preocupación, la desconfianza y unas previsiones económicas que, me temo, habrá que ajustar a la baja. Nos quedan duros años de ajustes donde cada generación vivirá peor que la anterior.

Imagen de Manuel Caraballo

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Este aumento en cuatro décimas para el pasado año, que no afectará a la previsión del 5,3% del PIB para 2012, es consecuencia de la desviación adicional del déficit de las comunidades autónomas en unos 3.000 millones de euros destapada en los Planes de Equilibrio Financiero (PEF) aprobados ayer jueves, así como por la transparencia derivada de la operación de pago a proveedores.

En concreto, Comunidad de Madrid, Comunidad Valenciana y Castilla y León han incluido en los planes resultados de déficit al cierre de 2011 superiores a los comunicados en el avance de liquidación al Ministerio de Hacienda.

Así, la Comunidad de Madrid declaró en un principio un déficit del 1,13% y lo ha elevado al 2,21%, la Comunidad Valenciana presentó inicialmente a Hacienda una desviación del déficit del 3,68% de su PIB, que ha elevado en el plan de ajuste al 4,5%, y Castilla y León ha admitido una desviación del 2,59%, por encima del 2,35% anterior.

El Gobierno ya ha comunicado el nuevo dato a Eurostat y en la información trasladada a la Oficina Estadística de la UE y explica que la desviación se debe al aumento del déficit de la Comunidad de Madrid y de Valencia, y en menor medida a Andalucía y Castilla-León.

Según indica a Eurostat, el Ejecutivo “ha identificado de una manera más correcta el déficit de las CCAA gracias a la operación de pago a proveedores, que ha supuesto una auténtica circularización de deudas pendientes”, es decir, un gasto pendiente de pago que no estaba incluido en la comunicación provisional de cierre de 2011 que se hizo el pasado mes de marzo, fecha de vencimiento del plazo de comunicación del avance provisional de las cuentas del sector público.

HACIENDA MANTIENE LAS PREVISIONES PARA ESTE AÑO

Según Hacienda, el déficit previsto para este año se mantendrá en el 5,3% del PIB para el conjunto de las Administraciones y del 1,5% para las Comunidades Autónomas, tal y como estaba previsto, ya que los planes económicos aprobados en el Consejo de Política Fiscal y Financiera ya tenían en cuenta estas desviaciones.

En este sentido, el departamento que dirige Cristobal Montoro destaca que con la nueva Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y con los Planes Económicos Financieros aprobados en el último CPFF “se puede garantizar que no volverá a haber facturas ocultas en los cajones”.

En la misma línea, señala que esto se garantizará gracias al seguimiento mensual en términos de contabilidad nacional y a través de la central de información, lo que permitirá un conocimiento completo de las cuentas del conjunto de las Administraciones Territoriales.

Tras subrayar el esfuerzo de transparencia y justicia que implica el mecanismo de pago a proveedores y que va a suponer el pago en breve de casi 27.000 millones de euros por facturas, desde Hacienda se hace hincapié en que la Ley de Presupuestos para 2012 permitirá ahondar en los objetivos de transparencia e imagen fiel de las cuentas públicas introduciendo pruebas de cumplimiento de auditoría orientadas al control de los saldos de proveedores.

Por ello, reitera que la desviación en el déficit no tendrá impacto en las cuentas de este año y subraya que todas las Comunidades Autónomas están comprometidas con el objetivo de alcanzar el 1,5% de déficit en el 2012.

INFORMACIÓN DEFINITIVA EN SEPTIEMBRE

Con esta comunicación a Eurostat, el Gobierno se adelanta a la información definitiva que será remitida a finales de septiembre, como indica y exige el propio calendario que Eurostat aplica a todos los Estados miembros, una vez completado el proceso de negociación bilateral con cada subsector y que se extiende desde la primera comunicación provisional, en marzo, hasta la definitiva, cuyo plazo vence el próximo mes de septiembre.

Este es el procedimiento habitual que España viene realizando anualmente; en base al mismo se emite el informe de cumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria correspondiente al ejercicio inmediato anterior del que se da cuenta al CPFF del mes de octubre.

El nuevo resultado obtenido deriva de operaciones denominadas “one off” (de efecto en un solo ejercicio) porque corresponde a gastos de años anteriores concentrados principalmente en dos comunidades autónomas y en gasto por pago a proveedores.

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La entrada El Gobierno eleva el déficit de 2011 al 8,9% del PIB aparece primero en GurusBlog.

De esta forma, la prima de riesgo continuaba en máximos desde finales del pasado mes de noviembre, después de cerrar ayer en 405,5 puntos básicos.

En el caso de la deuda italiana, el diferencial respecto al ‘bund’ se situaba en 382,3 puntos básicos, con una rentabilidad del 5,515%, frente a los 373 enteros del cierre de ayer.

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Hoy el Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Critóbal Montoro, ha entregado al Congreso los Presupuestos Generales del Estado 2012, y he quedado asustado por las enormes cifras que están comprometidas en pensiones, desempleo e intereses. No era consciente de que sólo esas partidas absorvieran más de la mitad del Presupuesto 2012.

Entrando en más detalle, durante el 2012 se va a destinar al pago de pensiones el 37,1% del total  del Presupuesto del Estado 2012 (115.829 millones de euros del total de 275.336 millones), al pago de prestaciones por desempleo el 9,2%, mientras otro 10,5% se destinará al pago de intereses (28.848 millones de euros, el equivalente a un 2,7% del PIB, siendo esta por ejemplo una cantidad superior al recorte total de los Presupuestos Generales del Estado para 2012, cifrado en los 27.300 millones de eur). En total sólo estas tres partidas suman un 56,8% del total del Presupuesto del Estado 2012.

Estas cifras asustan por si solas y dan una fiel imagen de la problemática en que se encuentra España. Por un lado hay necesidades importantes de invertir en educación, I+D, infraestructuras, etc..pero por otro lado, el Estado parte con unas obligaciones impresionantes, por la magnitud de las cifras, de dedicar recursos al pago de pensiones, prestaciones de desempleo, intereses de la deuda, funcionarios públicos, etc…

Es decir que cuando mayor es la necesidad de intentar cambiar el futuro del país, la mayoría del presupuesto del Estado es “consumido” por recursos “no productivos”  (que nadie se nos enfade, es una terminología de uso habitual y pretende poder agrupar el caso del que hablamos) , que acaban obligado por ejemplo a recortar  un 26,5% en el presupuesto destinado a I+D,  un 22% el dedicado a políticas educativas o un 22,5% a las partidas dedicadas a  comercio, turismo y Pymes, donde está situada la base productiva de este país y deberían estar los mayores esfuerzos…

Ya es hora de que salga algún político y nos diga la verdad, el puzzle de este sistema no se sostiene, y con el nivel de país que tenemos no podemos mantener el gasto en todos los frentes, y en algún momento se deberá priorizar entre futuro o presente, y eso no creo que haya ningún político que se atreva ni a insinuarlo…

Mientras, el círculo vicioso negativo en el que nos encontramos tiene difícil solución, las partidas en desempleo aumentarán porque el entorno no mejorará a corto, más bien empeorará, las partidas destinadas a pensiones también aumentarán (este año ha crecido un +3,2% por un incremento de la población mayor y por el efecto sustitución a pensiones más altas), y además vamos camino de necesitar cada día más deuda y por lo tanto pagar más intereses. Todo esto nos lleva a que el resto de necesidades, queramos o no, quedarán en peor situación, y así iremos perdiendo recursos en educación, I+D, sanidad, etc…Toda una situación de difícil solución, pero que no nos engañen por favor y que sean claros…

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