La RIAA atrapada en sus propias redes

Me entero por un artículo en Business Week de la existencia de Tanya Andersen, ama de casa, 45 años, con hijos a su cargo y con una pensión por discapacidad de 1.400 dólares mensuales, ha sido un de las ciudadanas norteamericanas denunciadas por la RIAA (Sociedad de derechos de autor) por descargarse música de forma supuestamente ilegal. La táctica de la RIAA ha sido amenazar directamente a unos cuantos ciudadanos de a pie por descargarse música en redes P2P, y ofrecerles la “oportunidad” de que paguen una “multa” de entre 4.000-5.000 dólares o enfrentarse ante una demanda por varios cientos de miles de dólares por los perjuicios causados a la industria al haberse descargado música ilegal. En el caso de Tanya recibió una llamada comunicándole que si no llegaba a un acuerdo iba a ser demandada y que tenían pruebas de que desde su dirección IP se había descargado música de forma ilegal.

Curiosamente Tanya no se amedrentó y prefirió ir a juicio antes que pagar los 4.000 dólares para llegar a un acuerdo, su ordenador fue entregado a la RIAA para que pudiesen evaluarlo y aportar pruebas de que Tanya se había descargado múscia ilegal, pero la RIAA decidió no enviar el informe técnico del ordenador al juzgado. Finalmente los abogados de la RIAA propusieron retirar la demanda si Tanya acordaba no emprender acciones legales contra ellos. Tanya no aceptó y la RIAA fue condenada a pagar las costas del juicio (unos 300.000 dólares).

Toda podría haber acabado aquí, pero Tanya, bastante molesta por todo el proceso, decidió contratacar y decidió demandar a la RIAA, la SSC, MediaSentry, Warner Music Group, EMI Group, Sony BMG Music Entertainment, y Universal Music. Los abogados de Tanya consideran que los datos de direcciones IP recopilados por MediaSentry por encargo de la RIAA y que sirvieron para iniciar la campaña de acoso judicial contra particulares pueden contener errores que pueden haber llevado a acusar de forma errónea a unas 8.000 personas. Adicionalmente los abogados de Tanya van a denunciar a la RIAA por cargo de conspiración, negligencia y abuso en proceso judicial y solicitando 5 millones de dólares de compensación.

Cosas que suceden, la RIAA puede verse atrapada por la misma campaña judicial que inició. Pensar que ejercer presiones judiciales sobre la parte más débil del P2P les puede servir para lanzar un mensaje claro a la descarga de música ha sido todo un acierto. El mensaje ha quedado clarísimo, la RIAA no solo se ha ganado la antipatía de miles de potenciales consumidores de música, sino que encima puede verse condenada a pagar unos cuantos millones de dólares, con lo que el ridículo sería total.

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