La Comisión Nacional del Mercado de Valores, en acuerdo con las últimas recomendaciones en materia de dirección y directivas empresariales dadas por la Comisión Europea, acaba de redactar el último borrador (y presumiblemente listo para corrección) de la nueva normativa en cuanto a las “recomendaciones de buen gobierno” empresarial que intentará definir un ajuste adecuado a situaciones de despido o jubilación de directivos.

Toda la polémica, al menos en España, saltó a la palestra cuando el ya ex Consejero Delegado del Grupo BBVA, José Ignacio Goirigolzarri, fue agraciado con 50 millones de Euros de pensión compensatoria y de jubiliación gracias a “sus grandes esfuerzos durante muchos años dentro de la compañía”, rezaba la nota de prensa oficial.
Este borrador, que aún está admitiéndose a trámite y a la espera de correcciones, parece que podría ser vinculante sólo en algunos puntos claves, aunque como siempre dando libertad a muchas empresas a “añadir” claúsulas privadas que convirtieran este texto en unas simples recomendaciones administrativas.
Personalmente no me gustaría entrar a valorar de forma directa estas nuevas recomendaciones en profundidad ya que aún no están aprobadas pero, ya que estamos, si es buen momento para ver un poco de qué van a ir las mismas:
Esta modificación de recomendaciones se incluiría dentro del famoso Código Unificado de Buen Gobierno, y vienen precedidas de unas propuestas de la Comisión Europea en materia de directiva empresarial para la Eurozona y que España ha decidido implantarlo a tracés de la SuperChachiLey de Economia Sostenible.
Desde ahora y durante el primer semestre de 2.010 estará presentado desde la CNMV a consulta pública, con lo que cualquier empresa o particular podrá hacer matizaciones o recomendaciones a este organismo rector para adecuar estas recomendaciones a la realidad del mercado.
Personalmente no creo que el Estado, como órgano independiente, deba meterse mucho más allá en la regulación financiera interna de las compañías privadas de nuestro país, pero como dicen ellos, son simples recomendaciones y el que quiera puede incluir claúsulas privadas que le permitan hacer acuerdos vinculantes privados entre empleado-directivo y la entidad correspondiente.
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Estas recomendaciones son más bien sanas…¿por qué no puedo votar con mis 400 acciones de la compañía X en contra de un salario abusivo de algún directivo? Si soy el único que no está de acuerdo…mis 400 acciones no pintan nada…si entre los accionistas que controlan la mayor parte de la empres no están de acuerdo…tal vez si. Se democratizan un poco las decisiones tomadas por la junta general. Más democracia mejor (¿no somos democráticos?)