Parece ser que el gobierno ha lanzado un “globo sonda” con la propuesta de reducir el tiempo de percepción del paro de 24 a 18 meses (o incluso a 15).
Yo tengo una propuesta alternativa: retrasar 1 mes el pago de la prestación. Me explico. Cuando cualquier trabajador queda en paro, el primer mes no cobra nada, y a partir del segundo cobra normalmente como ahora hasta que se le agote la prestación durante 24 meses.
¿Qué consecuencias tiene esto?
- Desincentivar todos los despidos “estratégicos” que llevan a cabo empresas, y consienten trabajadores, aprovechando la existencia del paro. Por ejemplo, despidos en los meses de verano, repetición de contratos temporales separados por periodos de paro. Al verse perjudicado el trabajador es menos probable que consienta y no denuncie estas prácticas.
- Desincentivar despidos “falsos” en los que despiden a un trabajador pero sigue trabajando cobrando el paro y complementado con dinero en negro para que el trabajador reciba “lo mismo”.
- Desincentivar los “autodespidos” estratégicos. Hay casos de trabajadores que trabajan un tiempo, y luego se dejan “caer” para que los despidan y cobrar el paro una temporada.
- Mentalizar al trabajador que está en situación critica, que no vale el decir como tengo paro me tomo unos meses de descanso y luego ya busco trabajo. El trabajo hay que empezar a buscarlo desde el día 1.
- Ahorrar dinero, ya que todos los trabajadores que hayan encontrado trabajo antes de agotar la prestación, habrán recibido un mes menos de paga.
- El coste social sería reducido. El primer mes el trabajador aún tiene algunos ahorros y puede salir adelante. Además tiene la promesa de pago los meses siguientes, por lo que si necesita un pequeño préstamo de familiares o de entidades financieras resulta más factible conseguirlo ahora que al final de la prestación.
- Se sigue protegiendo a los trabajadores en paro de larga duración como hasta ahora.
Ya sé lo que pensareis muchos. Otra vez les toca pagar a los trabajadores y que pagarán justos por pecadores. Y nos os faltará razón, pero creo que esta opción añade incentivos contra los “trapicheos”, ahorra dinero y a la vez que minimiza el coste social a los más desfavorecidos.
También no hay que olvidar que el sistema de desempleo que tenemos se sostiene porque hay muchos trabajadores que nunca hacen uso de la prestación, y el dinero que ellos ponen al sistema sirve para pagar a los menos afortunados. Es por tanto justo combatir a los “aprovechados” y exigir a todos el mínimo uso de dicha prestación.
