ACS e Eiffage han solicitado ante el Juzgado de lo Mercantil de Girona el preconcurso de acreedores para TP Ferro, la sociedad conjunta que constituyeron para construir y explotar el túnel del AVE entre Figueres y Perpignan, el que conecta España y Francia bajo los Pirineos.

La sociedad toma esta decisión al no haber logrado un acuerdo con sus bancos acreedores respecto a la deuda que vence el próximo 31 de marzo, según detalló en un comunicado la empresa controlada al 50% por el grupo que preside Florentino Pérez y la constructora francesa.

Al acogerse la Ley Concursal, TP Ferro contará con un plazo máximo de cuatro meses para lograr dicho acuerdo de reestructuración de deuda. En caso de que finalmente no fuera posible, la sociedad se vería abocada al concurso de acreedores.

En un comunicado, la firma de ACS e Eiffage explica que ha decidido acogerse al ‘preconcurso’ como “vía” para que la sociedad “tenga el tiempo necesario para refinanciar la deuda bancaria” que vence a final de este mes.

TP Ferro asegura que su decisión de ampararse en la Ley Concusal no afectará a la continuidad del servicio ferroviario que entre España y Francia canaliza el túnel, ni a la organización de la empresa y su explotación.

“La continuidad del servicio público constituye, desde la puesta en servicio de la línea, la prioridad de TP Ferro”, asegura la compañía.

La sociedad, que negocia con sus acreedores desde 2013, asegura que su objetivo es lograr una solución a la deuda sin recurso que contrató en 2005 para financiar la construcción de este primer tramo AVE transfronterizo, una de las grandes obras mundiales de ingeniería civil.

PROYECTO INTERNACIONAL DE 1.000 MILLONES.

ACS e Eiffage, a través de su sociedad conjunta TP Ferro, se adjudicaron en 2003 el contrato de construcción y posterior explotación del túnel del AVE entre Figueres (Girona) y Perpignan (Francia), el primer tramo de ferrocarril de Alta Velocidad transfronterizo.

Se trata de un tramo de AVE de 44,4 kilómetros de longitud, de los que 8,3 kilómetros corresponden al túnel construido bajo los Pirineos. El proyecto supuso una inversión de 1.000 millones de euros, de los que unos 600 millones corresponde a financiación pública aportada por España, Francia y la UE.

En virtud del sistema de financiación previsto para la obra, los constructores adelantaron gran parte de la inversión para su construcción, que posteriormente recuperarían cobrando un canon a los trenes que cruzaran el túnel durante el plazo de explotación de cincuenta años que se les concedió.

El túnel se puso en servicio en diciembre de 2010, un año después de lo inicialmente previsto, si bien no conectó directamente con el AVE Madrid-Barcelona-Figueres hasta varios años después.

Con motivo de estos retrasos, en 2009 el Gobierno concedió a TP Ferro una compensación de 108 millones de euros y le concedió tres años más de explotación del túnel, con el fin de “garantizar el equilibrio económico” de la concesión. El abono de la compensación económica, de la que 45,9 millones se programó como préstamo participativo, se fijó para el periodo 2010-2012.

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