Últimamente, tenemos a algunos de nuestros polí­ticos (principalmente en Cataluña y el Paí­s Vasco) en pleno proceso creativo para poder dar con la piedra filosofal que les permita poner en el mercado de alquiler los cerca de 3 millones de viviendas desocupadas. Todo empezó con la creación de la flamante Sociedad Pública de Alquiler (que hace poco habí­a gestionado la “friolera” de 2.000 contratos y ya nos ha costado 20 Millones de euros), a la que ahora se unen iniciativas como la del gobierno del Paí­s Vasco de cobrar 9 euros/dí­a por un piso que esté vacío o en Cataluña, donde se pretende forzar el alquiler de aquellas viviendas que estén desocupadas (una especie de expropiación temporal). A parte de la dificultad de aplicar estas medidas y el mayor coste que van a suponer para el erario público, tenemos las imprevisibles consecuencias que puedan tener estas medidas por muy bienintencionadas que sean sobre el mercado de la vivienda. Solo hay que recordar que la bienintencionada LAU de 1964 en el que se contempló el régimen de prórroga forzosa del inquilino y la aparición de los alquileres de Renta Antigua, se cargó completamente el mercado de Alquiler en España.

Dicho esto, me sigue sorprendiendo que de momento todas las medidas que están promoviendo los polí­ticos van dirigidas a dar palos a los “especuladores” que no ponen las viviendas que tienen vací­as al mercado. Francamente yo no tengo piso en propiedad, no alquilo y si vivo de alquiler, pero me pongo en la piel de los propietarios  que alquilan un piso y después de ver casos donde  el inquilino deja de pagará  y la justicia tarda más de 15 meses en desahuciarlo y además te deja el piso destrozado sin poder recibir ninguna indemnización, no me extraña que prefieran mantener el piso vací­o, sobretodo si piensan que en 3 o 4 años ese piso es para alguno de sus hijos. Algo me dice que mientras no se dote de instrumentos de respuesta rápida en los conflictos entre propietarios e inquilinos, no tendremos un verdadero mercado de alquiler en España.

  1. Enhorabuena por la web.
    En mi opinión, la clase política es responsable de este problema, con lo que no puede ser solución. No es compatible el 3% y una política seria de vivienda.
    No tengo piso en propiedad, y vivo de alquiler. Los precios son desorbitados en ambos casos, y, lamentablemente, la indefensión es siempre para los propietarios que alquilan y los inquilinos de buena voluntad. En mi experiencia como inquilino, he pasado por 8 pisos distintos, y en ninguno con contrato legal. Es decir, dinero negro, en B, como quieran llamarlo. Y no pasa nada. En lugar de ministerios de la vivienda y leyes electorales -porque no hay medios para hacerlas cumplir si se llegan a aprobar- deberían concentrar esfuerzos en erradicar esa fuente de dinero negro, y en permitir que un propietario con contratos atados pueda desalojar en un par de meses en caso de impago. Seguridad jurídica para el propietario, y severidad fiscal para ambos.

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