Gustavo Rivero. La desigualdad y la violencia se retroalimentan en una especie de círculo vicioso muy peligroso que hay que parar. El impacto social y económico es evidente en las naciones. Más allá de los costes evidentes sobre la economía, la violencia ahuyenta la inversión directa extranjera y desincentiva la atracción de talento.

La semana pasada, el Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal (ONG mexicana) publicó su octavo ranking con las 50 ciudades más violentas del mundo. Lo hacen con el manifiesto objetivo político de llamar la atención sobre la violencia, particularmente en América Latina, para que los gobernantes se vean presionados a cumplir con su deber de proteger a los ciudadanos y de garantizar su derecho a la seguridad pública. No olvidemos que la principal causa que impide la reducción de la violencia en Latinoamérica es la impunidad.

De las 50 urbes (poblaciones superiores a 300.000) con más homicidios por cada 100.000 habitantes en 2018, 15 están en México, 14 en Brasil, seis en Venezuela y cuatro en Estados Unidos (el único país desarrollado en la lista). Salvo tres localidades en Sudáfrica, todas las demás urbes están en el continente americano.

La dificultad para reconocer la magnitud de la violencia homicida en Venezuela es todavía mayor. Desde años anteriores, pero sobre todo en 2017 y en 2018, hay un nuevo fenómeno que expresa la grave crisis que en todos los órdenes enfrenta Venezuela: la creciente incapacidad de contar a sus muertos. Desde hace años, las autoridades han dejado de publicar estadística criminal y los diarios han tenido que realizar recuentos mensuales a partir de las propias esquelas periodísticas. Pero ahora, hasta esos conteos son escasos o inexistentes. La crisis general ha golpeado duramente a los medios y a su labor de suplir la ausencia de información oficial.

El caso de Venezuela es peculiar, dado que es el único país comunista en el listado. Los países similares políticamente suelen ser pacíficos debido a la represión militar. Sin embargo, este dato es una prueba más de que la nación bolivariana es el mayor Estado fallido en la actualidad.

Destaca el avance de Colombia, ya que ha continuado con la tendencia que viene desde 2002 de reducción de la violencia. En la clasificación de 2018, sólo figuran las ciudades de Cali y Palmira, y salió del listado Cúcuta.

A diferencia de Medellín, en donde el descensofue muy rápido hasta el punto de que salió del ranking desde 2015, el progreso de Cali ha sido menor. De cualquier modo, en 2018, la tasa fue de 47,03 homicidios por cada 100.000 habitantes (un 43,48% inferior a la de 2013, que fue de 83,20).

La violencia persiste sobre todo en algunas zonas rurales debido a la acción de grupos guerrilleros y bandas criminales. Por ejemplo, en el municipio de San Andrés Tumaco, se registró en 2018 una tasa 120,83 homicidios por cada 100.000 habitantes. No se incluye por tener menos de 300.000 habitantes.A continuación, se puede ver la clasificación al completo:

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