Codere ha acordado no dotar a su filial Codere Finance Luxembourg con los fondos necesarios para satisfacer los intereses adeudados en una emisión de bonos en dólares, previsto para este 19 de marzo, informó la compañía a la CNMV.

El pasado 14 de febrero, la empresa de juego privado, en preconcurso de acreedores, decidió hacer uso del periodo de gracia de treinta días al no contar con los fondos necesarios para hacer frente al abono de los intereses.

Así, tras agotar este periodo de gracia, la compañía, que subraya que continúa las negociaciones con el comité de bonistas para reestructurar su deuda, ha confirmado que no abonará estos intereses.

A mediados del pasado mes de enero, Codere ya anunció que no efectuaría el pago del cupón de otra emisión de bonos por 760 millones de euros a la que debía hacer frente al no contar con fondos para ello.

Esta nueva decisión de impago en los intereses de sus emisiones complica aún más la situación de la compañía, que ya a principios de febrero expiró el plazo que tenía para la extensión de su crédito senior sin haber podido alcanzar un acuerdo con al menos la mitad de sus acreedores, condición que era necesaria para la ejecución de la prórroga.

En su oferta a la compañía, los bonistas ofrecían una inyección de capital a cambio de pasar a poseer una participación mayoritaria en el capital del grupo de juego privado.

CRUCE DE ACUSACIONES.

La familia Martínez Sampedro, accionista mayoritario de Codere con una participación del 63,7% del capital, se ha negado hasta ahora al canje de deuda por capital, lo que ha llevado a un cruce de acusaciones con sus acreedores.

Así, recientemente en una carta remitida al consejo de administración de Codere a la que tuvo acceso Europa Press, los bonistas, que poseen la mayor parte de dos emisiones de 760 millones de euros y 300 millones de dólares del grupo, advertían al consejo de administración y a los accionistas mayoritarios de la compañía de que si no aceptan su oferta, “única alternativa viable” al concurso o liquidación, serían considerados “los responsables legales” de la insolvencia de la sociedad, según la nueva Ley Concursal.

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