Desmantelada una trama de corrupción urbanística en la provincia de BarcelonaHoy hemos asistido a la detención de 8 personas por presunta trama de corrupción inmobiliaria en la provincia de Barcelona. Se ha detenido a dos cargos de confianza de Jordi Pujol que formaron parte de sus gobiernos: ex secretario de presidencia Lluís Prenafeta (a quien tristemente se le recordará por el escándalo prenafeta, estuvo involucrado en una manipulación de las elecciones al Barça por donde todavía andaba Josep Lluís Núñez) y el ex “conseller” de economía Macià Alavedra.

También han sido detenidos el alcalde de Santa Coloma de Gramenet, Bartomeu Muñoz Calvetun regidor de urbanismo de dicho ayuntamiento Manuel Dobarco Touriño; ambos pertenecientes al PSC y un ex diputado del PSC, Luis García Sáez, quien ya estuvo imputado por estafa cuando presidía la inmobiliaria AGT.

Asimismo se ha detenido a dos promotores inmobiliarios de primer nivel: Josep Singla, constructor y presidente de la inmobiliaria Proinosa; y Lluís Casamitjana, presidente del grupo inmobiliario Espais. Adicionalmente se ha producido otra detención cuya indentidad está pendiente de conocerse.

El alcance de la trama abarca a tres municipios de la provincia de Barcelona: Badalona, Santa Coloma de Gramenet y Sant Andreu de Llavaneres.

A primera hora de la mañana se han producido el registro en Santa Coloma de Gramenet. En Sant Andreu de Llavaneres, localidad con gobierno convergente, se ha producido la entrada judicial algo más tarde.

Seguiremos informando de cómo se desarrolla la trama.

  1. Los miembros de la trama dentro del Ayuntamiento de Sabadell exigían un depósito previo mínimo de 120.000 euros para acceder con ventaja a las adjudicaciones de contratación pública, aunque la cantidad podía variar en función del presupuesto de la construcción a ofertar. Este depósito se destinaba a un fondo perdido que “finalmente se repartía entre los políticos y funcionarios involucrados en los hechos, así como en el pacto implícito y apalabrado de un 3% en dinero negro, una vez acabada la obra, sobre el total del presupuesto final”. Los investigadores estudian ahora si ese dinero negro, que terminaba en un despacho de abogados, era colocado en cuentas legales, si se repartía o blanqueaba.

    La Fiscalía sostiene que ese depósito inicial de 120.000 euros era destinado a un fondo perdido que finalmente se repartía entre los políticos y funcionarios involucrados en los hechos, así como el “pacto implícito y apalabrado de un 3% en dinero negro” -una vez acabada la obra- sobre el total del presupuesto final, terminando ese dinero en un despacho de abogados.

  2. La corrupción urbanística en España se refiere a los casos de abuso de poder en cargos públicos vinculados a la especulación inmobiliaria y al incumplimiento de las normativas urbanísticas y medioambientales con el objeto de obtener un enriquecimiento ilícito.

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