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Las empresas del Ibex han aumentado su presencia en paraísos fiscales un 23,5% en dos años

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Un total de 540 sociedades participadas y dependientes de empresas del Ibex 35 operaron en paraísos fiscales durante 2013, por lo que su presencia se ha incrementado un 15,6% en comparación con 2012, cuando la cifra ascendía a 467, y un 23,5% respecto a 2011 (437 sociedades), según las conclusiones de la 11ª edición del informe ‘Responsabilidad Social Corporativa en las memorias anuales de las empresas del Ibex35’ realizado anualmente por el Observatorio de RSC.

Por número de sociedades dependientes domiciliadas, los paraísos fiscales más usados por las empresas del Ibex 35 son: Delaware (Estados Unidos), con 217 –por lo que casi se cuadruplica el número de las identificadas en 2010, cuando había 61–; Holanda, con 104; Luxemburgo, con 35; Irlanda y Hong Kong, ambas con 22; Islas Cayman con 19 y Singapur, con 17.

El estudio presentado este jueves analiza las memorias anuales de RSC de 2013 publicadas por las empresas que cotizan en el selectivo en diversos aspectos de Responsabilidad Social Corporativa (RSC), como prácticas de buen gobierno, responsabilidad fiscal, derechos Humanos y laborales, medio ambiente, corrupción y consumo, y constata, según ha subrayado en rueda de prensa el coordinador del observatorio, Orencio Vázquez, que “lo que se dice no se corresponde con lo que se hace”.

En líneas generales, el informe revela que la calidad de la información publicada “todavía dista mucho de los mínimos necesarios para un ejercicio de rendición de cuentas”, ya que no siempre es relevante con la actividad, la presencia geográfica, los riesgos e impactos de su RSC.

En este sentido, Vázquez ha señalado que pesa más una información narrativa, positiva, genérica y muy extensa, que una información cuantitativa y concreta”, al tiempo que se percibe “un objetivo de comunicación y marketing, más que de rendición de cuentas de la gestión”, en el que prevalece la información de “compromisos genéricos asumidos”.

El estudio también denuncia la ausencia de una estructura común que permita comparar gestiones, resultados e impactos, ni temporalmente, ni entre empresas, ni entre países; y aboga por la necesidad de un marco normativo de rendición cuentas sobre impactos y riesgos sobre derechos en aspectos de la RSC (económico, social y ambiental), y alineado con las iniciativas europeas e internacionales.

MÁS DEL 90% ESTÁN EN PARAÍSOS FISCALES.

Así, en el apartado de indicadores económicos, el documento revela que el 91,43% de las empresas del selectivo (32) tiene presencia en paraísos fiscales, pero sólo una es transparente a la hora de informar sobre el tipo de actividad y volumen de negocio generado, beneficios e impuestos y sobre sus planes futuros con respecto a su presencia en estos países.

Asimismo, otras dos publican de forma transparente los impuestos pagados en cada uno de los países en los que opera; tres publican de forma transparente las subvenciones recibidas en los países en los que opera; dos informan de la estrategia y política fiscal y tres informan de las exenciones y créditos fiscales.

El documento añade que no se ha identificado ninguna empresa del Ibex 35 que cuente con una política fiscal accesible a todas las partes interesadas y que incluya los criterios para aprobar operaciones e inversiones en paraísos fiscales.

Precisamente, en los aspectos relacionados con la fiscalidad es donde los autores del estudio denotan mayores carencias de información de todos los ejes analizados a pesar de que existe “una creciente demanda en la sociedad” para que las empresas informen en detalle de aspectos económicos en los países en los que operan.

DE MEDIO AMBIENTE ES DE LO QUE MÁS SE HABLA.

En el capítulo de Medio Ambiente, Vázquez ha señalado que “es donde más información se facilita”. Así, el 89% de las empresas (31) cuentan con compromisos de cumplimiento de legislación ambiental, de las cuales 27 poseen una política medioambiental (77,14%). En cualquier caso, sólo ocho empresas se comprometan expresamente con el principio de precaución ambiental y constata que sigue existiendo cierta confusión en las empresas entre los principios de precaución y prevención.

Con respecto a la declaración de riesgos medioambientales, doce empresas (34,29%) aportan información, pero ninguna de ellas expone de manera “clara y precisa” cuáles son los riesgos a los que se enfrenta con desglose por líneas de negocio o actividad ni por país. Respecto a la información sobre sanciones y multas ambientales, un tercio de las compañías analizadas aporta información suficiente (13 empresas).

En general, las empresas no informan sobre mecanismos de verificación y seguimiento de sus proveedores en términos ambientales, ya que sólo suelen decir cómo valoran que los proveedores cuenten con sistemas de gestión medioambiental y con certificaciones (del tipo ISO 14000 u otras similares).

En cuanto a los derechos laborales, la mayoría de las empresas del selectivo manifiesta compromisos con la normativa internacional (como la Declaración Universal de los Derechos Humanos de Naciones Unidas y los Convenios de la Organización Internacional del Trabajo), aunque sólo seis empresas (17%) expresan un compromiso con la protección de sus empleados frente a legislaciones o prácticas en países que no apliquen en su totalidad las normas internacionales.

Los autores del estudio ven “reseñable” la reticencia de las empresas a la hora de aportar información relativa a gastos salariales por países, que solamente aporta una compañía. Además, el compromiso de la empresa a proporcionar a sus trabajadores un entorno laboral seguro y saludable es informado por un total de 20 empresas (57% del total).

DDHH, LA INFORMACIÓN DE MÁS BAJA CALIDAD.

El área donde se aporta información de más baja calidad sigue siendo la de derechos humanos, según el estudio, área que también adolece de la implantación de fórmulas prácticas de aplicabilidad en la gestión, al tiempo que se continúa obviando el alto riesgo para los DDHH existente en países como China, Cuba o Angola, con apenas referencias a los conflictos con las comunidades e información de carácter desigual entre empresas, según los autores del estudio.

Asimismo, un 80% de las empresas del Ibex 35 no aportan información suficiente sobre sus medidas mínimas de control de proveedores en el ámbito de los DDHH. En este capítulo, Vázquez ha lamentado que, a pesar de que en 2012 se haya puesto en marcha el Plan Nacional de Empresas y Derechos Humanos, aún esté pendiente de aprobación por parte del Consejo de Ministros.

PRESENCIA DE LA MUJER EN EQUIPOS DIRECTIVOS.

En materia de Gobierno Corporativo, el promedio de mujeres consejeras ha pasado del 13,5% en 2012 al 16% en 2013, disminuyendo su representación en las categorías ejecutivas, pero subiendo en la de independientes. El número total de consejeras del Ibex se ha incrementado un 13,6% respecto al año anterior (75 consejeras en 2013 frente a 66 en 2012), aunque en el 25,6% de las empresas la presencia de la mujer es escasa o nula.

En corrupción, el estudio señala que continúa al alza la práctica de reconocimientos voluntariamente mediante códigos éticos o de conducta aunque su aplicación está lejos de ser la adecuada. Además, aún hay siete empresas que ni siquiera han realizado un reconocimiento expreso contra la corrupción y el soborno, entre otros aspectos.

Por otro lado, se aprecia un ligero ascenso de empresas que manifiestan compromisos expresos con prácticas comerciales y publicidad responsable, al pasar de 19 empresas (54%) en 2013 frente a las 17 (41%) de 2012. Sin embargo, hay denuncias de publicidad engañosa en algunos sectores por parte de organizaciones de consumidores.

Leer: ¿Cómo acabar de forma efectiva con los paraísos fiscales?

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