rescate españa

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Los ministros de Economía de los Veintiocho se disponen a aprobar en los próximos días un mecanismo único de liquidación de bancos con problemas que diluye la propuesta inicial de la Comisión y responde a todas las exigencias que plantea Alemania, que no quiere pagar por las entidades de otros países.

Según este compromiso, serán los Gobiernos y no la Comisión los que tengan la última palabra a la hora de decidir el cierre de un banco. Además, el fondo único para financiar las quiebras sólo se creará tras un periodo de transición de 11 años y requerirá un Tratado propio. Y se adelanta de 2018 a 2016 la entrada en vigor de las reglas que obligarán a accionistas, preferentistas, bonistas sénior y grandes depositantes a asumir pérdidas en caso de rescate, a fin de reducir al máximo el coste para los contribuyentes, tal y como pedía Berlín.

El principio de acuerdo está recogido en un documento de compromiso elaborado por la presidencia lituana, que ha sido debatido por los ministros en las últimas horas y ha sido objeto de consenso en algunos puntos y de amplio acuerdo en el resto. Pero el pacto final se aplaza a un Ecofin la semana que viene, probablemente el 18 de diciembre, porque falta definir los textos jurídicos.

“Tenemos un acuerdo bastante general y lo que queda es cerrar los detalles”, ha dicho el ministro de Economía, Luis de Guindos. España y otros 4 países –Francia, Italia, Alemania y Holanda– están “completamente de acuerdo” con el texto, puesto que han contribuido a redactarlo en reuniones como la que se celebró el Berlín la semana pasada, y el resto de delegaciones han pedido más tiempo para examinarlo, ha explicado Guindos.

“Hemos avanzado mucho, el camino recorrido es muy importante”, ha subrayado el ministro de Economía. “La semana próxima nos volveremos a ver por aquí y seguro que podremos celebrar que tenemos un acuerdo en esta parte importante de la unión bancaria”, ha subrayado Guindos.

El mecanismo único de resolución es la segunda pieza de la unión bancaria, cuyo objetivo consiste en acabar con la fragmentación del crédito en la eurozona y romper el circulo vicioso entre deuda bancaria y deuda soberana. También pretende que en futuro sean los bancos y no los contribuyentes los que paguen las quiebras.

COMPLEJO SISTEMA DE TOMA DE DECISIONES

El principio de acuerdo establece un complejo sistema de toma de decisiones. Las decisiones sobre el cierre de un banco serán preparadas por un consejo de resolución, en el que estarán representados los Estados miembros, aunque todavía no se ha decidido el reparto de poder. Aunque formalmente se designa a la Comisión como autoridad de liquidación, ésta se limitará a ratificar las decisiones del consejo de supervisión. Si no está de acuerdo, la decisión se elevará al Consejo, donde están representados los Veintiocho, que tendrán la última palabra.

El nuevo mecanismo de resolución, que empezará a funcionar en 2015, cubrirá directamente sólo a los 130 mayores bancos de la eurozona supervisados por el banco central europeo y no a todos como proponía Bruselas. Las autoridades nacionales de resolución serán responsables de planificar la resolución y la supervisión de los bancos más pequeños, como quiere Berlín, que pretende dejar fuera a sus cajas de ahorro.

En cuando al fondo de liquidación, que se financiará con aportaciones de la banca, en una primera fase estará formado por compartimentos nacionales, lo que significa que cada país deberá pagar por las pérdidas de su sistema financiero. El fondo se irá mutualizando progresivamente durante un periodo de 10 años, a un ritmo del 10 por ciento al año. Los compartimentos nacionales sólo desaparecerán el decimoprimer año.

Bruselas espera que al cabo de 10 años el fondo de resolución tenga una dotación de 55.000 millones de euros.

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