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El expresidente de la comisión de Control de la CAM defiende la legalidad de los créditos a su familia. 17 millones de euros

El expresidente de la Comisión de Control de la Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM) Juan Ramón Avilés ha negado ante el juez de la Audiencia Nacional Javier Gómez Bermúdez todas las acusaciones por las que está imputado y ha defendido la legalidad de los créditos por valor de 17 millones de euros que la entidad le concedió a él y su familia para financiar operaciones inmobiliarias, informaron fuentes jurídicas.

Avilés, que ha estado en el despacho del juez durante apenas diez minutos, ha negado la existencia de varias pruebas documentales a preguntas del fiscal Anticorrupción Luis Rodríguez Sol y ha renunciado a contestar a las cuestiones de la acusación particular, que ejercen los gestores de la entidad, intervenida por el Fondo de Reestructuración y Ordenación Bancaria (FROB) en julio de 2011.

A su salida de las dependencias de la Audiencia Nacional, que ha abandonado sin que las acusaciones pidieran la imposición de medidas cautelares, ha señalado que “en estas situaciones son necesarias tres cosas: tener razón, demostrarlo y que te la den”. “Creo que hemos hecho las dos primeras”, ha dicho.

El exdirectivo de la CAM está imputado por delitos societarios y de administración indebida después de que el juez Gómez Bermúdez, que mantiene abiertas otras tres piezas por las actividades de la entidad, admitiera a trámite una querella presentada por sus gestores.

Entre los créditos obtenidos por el exdirectivo, la querella refleja cinco concedidos “de forma fraudulenta” en 2009 por el Instituto de Crédito Oficial (ICO) y el Instituto de Crédito y Finanzas de la Región de Murcia (ICREF) por un importe de casi cuatro millones de euros.

OPERACIONES “ESPECULATIVAS”

Según la querella, Avilés habría llevado a cabo una “gestión desleal” al aprovechar su posición de “máxima relevancia” en la CAM para obtener “la financiación para su intento de participar en las rápidas, especulativas y desproporcionadas ganancias que el fenómeno de la llamada burbuja inmobiliaria generó durante años”. Además, habría cobrado 300.000 euros en cinco años en concepto de “dietas irregulares”.

Los querellantes también sostienen que bajo la gestión de Avilés se llevó a cabo en la entidad “un grosero incumplimiento de las condiciones básicas establecidas por los respectivos organismos”, ya que los créditos fueron concedidos “sin una mínima comprobación de viabilidad y garantías, por un lado, y vulnerando de modo grosero, en todos los casos, las condiciones de concesión en cuanto al objeto y a la aplicación de estos préstamos”.

En su recurso contra el auto de imputación, la defensa de Avilés sostiene que el exdirectivo no es “sujeto activo” de los delitos de que se le imputan porque no era administrador de derecho, “ni por sí mismo ni como miembro de la Comisión de Control de CAM”. “El único órgano que tenía encomendada la administración de la entidad era el Consejo de Administración”, señala.

Según esta parte, los créditos fueron aprobados por el Consejo “en condiciones de mercado” y sin que las disposiciones, autorizaciones y garantías de los préstamos presentaran irregularidades. En relación con las dietas percibidas, Avilés defiende que fueron aprobadas por la Comisión de Retribuciones de la entidad y el Consejo de Administración y que dio cuenta de ellas ante la Asamblea.

CAREO ENTRE LOS PERITOS

El magistrado también ha celebrado un careo entre los peritos de la compañía PwC, que realizaron un informe en mayo de 2012 en el que analizaban la situación financiera de la entidad, que fue intervenida por el Banco de España el 23 de julio de 2011, y el experto Juan Manuel Antón, propuesto por la defensa de Avilés.

En marzo de 2011, los gestores de la caja de ahorros, actualmente propiedad del Banco Sabadell –que se la adjudicó por un euro–, comunicaron a las autoridades financieras unos beneficios de 38,9 millones de euros cuando tres meses después las cuentas arrojaban unas pérdidas de 1.136 millones de euros.

Antón ha defendido que los créditos concedidos a Avilés fueron legales y que la entidad incluso le cobró comisiones abusivas a Avilés, al aplicarle un 1 por ciento por amortización anticipada y otro 0,5 por ciento por el desistimiento.

En la causa principal contra los gestores de la CAM, Gómez Bermúdez mantiene imputados al expresidente Modesto Crespo; los exdirectores generales María Dolores Amorós y Roberto López Abad; el exdirector general de Recursos Vicente Soriano Terol; y el exdirector de Planificación y Control Teófilo Sogorb. Además, investiga en otras dos piezas separadas la venta de acciones preferentes y de cuotas participativas.

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