dacion en pago

 

El Gobierno lo ha vuelto a conseguir: acallar a la masa desbordada por sus deudas sin tocar un solo pelo de la Ley Hipotecaria. ¿Cómo? Aprobando un decreto de protección al deudor que paraliza los desahucios solo durante 2 años y en algunos casos… dejando una larga estela de preguntas sin resolver.

dacion en pago

Es cierto que el nuevo Decreto-Ley aprobado ayer por el Consejo de Ministros supondrá un alivio para los hipotecados con menos recursos. En concreto, podrán acogerse todos aquellos que cumplan la totalidad de estos 4 razonables requisitos.

Pero el decreto deja muchos cabos sueltos…

  • ¿Dónde queda ahora el Código de Buenas Prácticas que aprobaba la dación en pago si se cumplían estos 6 requisitos? ¿Son vigentes las 2 normas, la nueva tapa a la vieja…?
  • Durante los 2 años de “prórroga”, ¿se acumularán comisiones e intereses de demora, en general sobre el 20%? ¿Se añadirán a la hipoteca? ¿Se establecerá algún máximo? ¿Tendrán que abonarse en un solo pago pasados los 2 años para tener derecho a seguir pagando el préstamo?
  • ¿Qué pasará una vez terminen esos 24 meses?

Y lo peor de todo es que…

1)      Estas medidas no son retroactivas, por lo que las personas que han sido desahuciadas en las últimas semanas no podrán beneficiarse de ellas por muy poco

2)      La ILP por la dación en pago acaba de anunciar que lleva recogidas 614.246 firmas, superando las 500.000 necesarias para llevar la propuesta al Congreso. Si en un momento de máxima presión popular, suicidios incluidos, el Gobierno ha dejado a la dación en pago completamente fuera de la foto, vemos pocas posibilidades de que la petición sea escuchada en el futuro

3)      Sigue sin tocarse uno de los temas más reclamados por los jueces: el valor de tasación en las subastas, es decir, el hecho de que el banco pueda quedarse con el inmueble en 2ª subasta por el 60% de su valor actual de mercado, lo que deja al hipotecado sin casa y con una deuda enorme

En conclusión: se ha aprobado una medida muy popular y cortoplacista que impide el saneamiento real de la Ley Hipotecaria y, por tanto, la solución al problema.

 

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