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Puerto Rico ha propuesto reestructurar la deuda por valor de 47.000 millones de dólares estadounidenses. Es el 65 por ciento del total de su deuda y ha pedido a los titulares de sus bonos que se le perdone de pagar en los próximos cinco años unos 13.000 millones de dólares estadounidenses, el 72 por ciento de los que debería pagar durante estos años.

Esta información ha surgido del plan de ajuste fiscal difundido por el Gobierno de Puerto Rico, en el cual explica, que de los 18.000 millones de dólares estadounidenses que se tendrían que destinar en los próximos cinco años al pago de la deuda, se necesitan 13.000 millones de dólares estadounidenses para garantizar las prestaciones de servicios básicos en la isla.

En la isla se han aplicado varias medidas de ajustes, que no sólo incluyen los despedidos de trabajadores públicos, e iniciativas para tratar de recuperar su crecimiento económico, llevando ya casi una década de recesión.

Según la propuesta que se ha presentado a los comprados de bonos hace dos meses después de anunciar su intención de renegociar la deuda que se ha vuelto impagable. El Gobierno de Puerto Rico se plantea pagar únicamente unos 5.000 millones de dólares durante los próximos cinco años, sin concretar aún qué tipo de bonos querrían dar a cambio.

En la propuesta de negociación presentada no se incluye la deuda acumulada por las empresas públicas de luz y de agua, aunque ya se están negociando por separado con sus acreedores. Con parte de los compradores de bonos la “Autoridad de Energía Eléctrica” (AEE) ha realizado un acuerdo durante estas semanas que incluye una condonación del 15 por ciento de su deuda, que está sobre los 8.600 millones de dólares estadounidenses. La “Autoridad de Agua y Alcantarillados” (AAA) se les debe alrededor de unos 3.700 millones de dólares estadounidenses.

La intención del Gobierno de Puerto Rico es negociar con los titulares de sus bonos de que el plan puede ser efectivo y merece la pena realizar la negociación de la reestructuración, para así evitar batallas legales que se pueden eternizar, que no beneficiarían a nadie. Aunque, las medidas presentadas para contener los gastos y reactivar la economía implican en gran parte de la negociación entre el parlamento o concesiones que se deben realizar desde la capital de Estados Unidos, Washington, al tiempo que la negociación con los comprados de bonos también se puede ver larga y complicada.

Entre las medidas propuestas se menciona el cierre de unas cuantas escuelas públicas, la reducción del gasto sanitario y la reforma de la legislación laboral, buscando que las ocho horas de jornada laboral se midan por día y no por periodos de 24 horas. También las horas extras se calculen de manera semanal, y no diariamente.

Por otra parte, se pide facilitar exenciones para la paga extra de Navidad, regular las vacaciones de acuerdo con los intereses de los empresarios, ampliar un año los periodos de prueba para nuevos contratos o limitar las indemnizaciones en caso del cierre de la empresa, serían otras de las medidas planteadas en la propuesta en los que los sindicatos tendrán que decir cosas, ya se han anunciado movilizaciones en contra.

La propuesta también se menciona la eliminación de exenciones fiscales, la revisión de prestaciones sociales y las ayudas para la compra de alimentos, modificaciones al salario mínimo interprofesional, como las mejoras en la recaudación fiscal y la elaboración de las estadísticas y sus cuentas públicas.

Para dar más confianza a sus acreedores el Gobierno de Puerto Rico se compromete a seleccionar un consejo de cinco miembros en los que se cuente con el visto bueno de los compradores de bonos, en el cual se encarga velar por el cumplimiento de las cuentas, tal y como hacen otras administraciones públicas en Estados Unidos.

Pero el Gobierno de Puerto Rico advierte que sin una inyección de fondos a corto plazo hacia el final de sus ejerció fiscal, que se encuentra en junio del 2016, se quedarán sin fondos. Esta situación no sería nada nueva para la isla, pero, a diferencia del resto de ocasiones, se ha quedado sin posibilidad de acceder a los mercados y no pueden seguir pidiendo dinero prestado como han hecho hasta este momento para pagar las obligaciones de su deuda exterior.

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