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Reyal Urbis adeuda casi 400 millones de euros a la Agencia Tributaria y otros 215 millones de euros más al Instituto de Crédito Oficial (ICO), según indicaron a Europa Press en fuentes financieras.

Estos pasivos con organismos públicos representan así el 17% de la deuda total de 3.600 millones de euros que la inmobiliaria negocia actualmente refinanciar con el fin de evitar el que sería segundo mayor concurso de acreedores de la historia después de Martinsa Fadesa.

La compañía que controla y preside Rafael Santamaría cuenta con una semana para alcanzar este acuerdo y evitar la suspensión de pagos, dado que el plazo de cuatro meses que se dio para negociar con los acreedores vence el próximo 23 de febrero.

Entre estos figura también la Sareb. El ‘banco malo’, es segundo máximo acreedor de Reyal, con 707 millones de deuda, toda vez que ha asumido los préstamos al promotor de las entidades nacionalizadas y próximamente se quedará también con los de los bancos del ‘grupo dos’.

En concreto, Sareb actualmente soporta la deuda de 460 millones que Reyal tiene con Bankia y los 190 millones con NCG, y se quedará con los 22 millones de Liberbank, los 11 millones de Caja Duero-Caja España y los 24 de Banco de Valencia, según detallaron las mismas fuentes.

Entre el resto de entidades a las que Reyal debe dinero, Santander y Banesto se situarían como primer acreedor. Al pasivo de 530 millones contraído con la inmobiliaria, es preciso sumar gran parte del de 300 millones que también adeuda una sociedad patrimonial de Rafael Santamaría, fundamentalmente con estas entidades.

Asimismo, el pasivo contraído por el grupo inmobiliario con RBS se sitúa en unos 290 millones y el correspondiente al Banco Popular, en unos 200 millones. De su lado, Barclays vendió recientemente a un ‘fondo buitre’ los 400 millones que le adeudaba la inmobiliaria, según indicaron a Europa Press en fuentes financieras.

EL ‘NO’ DE LOS BANCOS.

Reyal afronta la última semana con que cuenta para evitar el concurso tras recibir hace unos días el rechazo de sus principales bancos acreedores (‘steering committee’) a la última propuesta que les planteó para refinanciar su pasivo.

La propuesta pasa por que las entidades liberen las garantías que tienen sobre un grupo de activos de la inmobiliaria, los más ‘líquidos’ y valorados en unos 300 millones de euros, con el fin de venderlos en el mercado o a los propios bancos y obtener así liquidez, según detallaron a Europa Press en fuentes conocedoras de la negociación.

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